Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por diputados y senadores de MORENA mantiene aterrorizados a los tamaulipecos, en donde ha cometido una serie de delitos que van desde choques hasta ejecuciones extrajudiciales.
Recientemente en esta capital y en Nuevo Laredo, la ciudadanía protesto en contra del personal de la Guardia Nacional, en la frontera durante dos horas los Puentes Internacionales I y II fueron cerrados por dos horas.
En la fronteriza ciudad los elementos de la Guardia Nacional ejecutaron extrajudicialmente a un hombre y provocaron la muerte de una mujer, además de provocar cerca de 10 choques, en donde se niegan a pagar los daños o intimidad a los afectados para que se retiren
Amnistía Internacional detalla que se suponía que la Guardia Nacional, fundada el año pasado por López Obrador con el aval de la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados y Senadores, iba a terminar con el enfoque militarizado de la seguridad pública que había causado la muerte de unas 200.000 personas.
Hay amplios indicios de que el despliegue de fuerzas militares ha coincidido con un aumento de las violaciones de derechos humanos y de los niveles de violencia en todo México.
En lugar de cumplir su compromiso de devolver a las fuerzas armadas a sus cuarteles, López Obrador ha ampliado el papel de estas fuerzas a la aplicación de la seguridad pública hasta 2024.
El gobierno Morenista también ha desplegado a las fuerzas armadas para ayudar en la respuesta de México a la pandemia de COVID-19 y ha entregado el control de los puertos y aduanas al Ejército y la Marina.
La Guardia Nacional nació en este contexto de militarización. Aunque una reforma a la Constitución de México estableció que la Guardia Nacional debe ser “de carácter civil”, se trata de una fuerza mayoritariamente militarizada.
Dirigida por el ex general Rodríguez Bucio, sus miembros van armados con rifles de asalto FX-05 Xiuhcoatl fabricados en México y pistolas Sig Sauer de 9mm, y se desplazan en camionetas Chevrolet respaldadas por helicópteros Black Hawk.
En respuesta a los informes que indicaban que el gobierno había cedido el control operativo de la Guardia Nacional al ejército en octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional de México dijo a Amnistía Internacional que “trabajan de manera coordinada atendiendo a la situación particular de cada estado” y que las fuerzas armadas sólo pueden desempeñar “tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” durante un periodo de cinco años, “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
No obstante, persisten las dudas sobre si la Guardia Nacional es una fuerza realmente “civil”, enfatiza Amnistía Internacional.
“La experiencia muestra que es peligroso que el ejército actúe sin supervisión civil”, dice Sam Storr, asesor del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de México, quien advierte de que la Guardia Nacional no ha cumplido sus obligaciones legales relativas a hacer pública la información, en particular respecto a cuántos de sus miembros continúan empleados por las fuerzas armadas.
Tras un año y medio de funcionamiento, hay poco que sugiera que la Guardia Nacional representa un cambio en la estrategia de seguridad de México o una nueva era de respeto por los derechos humanos. [Anecias]
