Al iniciar en el pleno de la Cámara de Diputados la discusión de la reforma que prohíbe la subcontratación, legisladores de la Oposición advirtieron que se perderán fuentes de trabajo y que afectará a los trabajadores que sí reciben utilidades importantes.
Criticaron que habrá efectos negativos que no se quieren reconocer.
Avanza reforma sobre outsourcing en San Lázaro
13 / Abril / 2021
De acuerdo con el dictamen, la inclusión de los trabajadores que actualmente son subcontratados en las nóminas de las dependencias y entidades públicas no implicará recursos adicionales
El perredista Antonio Ortega calificó la reforma como un acuerdo corporativo entre el Gobierno, el sector empresarial y el nuevo charrismo sindical de la Cuarta Transformación.
“Es evidente que el acuerdo corporativo no surgió de un consenso, sino de la imposición de la voluntad del Presidente López Obrador, basta observar los términos del acuerdo. También es extraño que fuese presentada en la Cámara de Diputados, cuando era en el Senado donde -desde hace meses- se construían los acuerdos”, manifestó.
También dijo que hubo una “grosera” intromisión del Ejecutivo, porque su iniciativa no se negoció en la Cámara de Diputados sino en Palacio Nacional, lo que llevó a que se ignoraran todas la propuestas y observaciones que habían surgido en las sesiones de Parlamento Abierto.
Reclamó que el Presidente repite la frase anarquista francesa de 1968: “prohibido prohibir”; pero su iniciativa sobre la subcontratación contradice abiertamente el supuesto principio que dice honrar.
El diputado del PRI Carlos Pavón, contrario a la posición de su bancada, advirtió que la reforma en realidad va en perjuicio de la clase trabajadora.
Buscan diputados prohibir outsourcing en Gobierno
13 / Abril / 2021
Quieren evitar el uso de este esquema de contratación también en el Gobierno federal
“Es solo un discurso político, se quiere anunciar el primero de mayo, esa es la urgencia”, sostuvo el legislador, dirigente del sector minero.
Dijo que se topan las utilidades y eso va a beneficiar a las empresas y afectar a los trabajadores que reciben más que el promedio que se plantea.
Indicó que el promedio que quedará para el sector que representa será de 56 días, por lo que no recibirán montos que van de los 60 a los 120 mil pesos.
Agregó que el dictamen tiene visos de inconstitucionalidad, porque la Constitución señala que la Comisión que establece el reparto de utilidades menciona que se deben acordar con base a un porcentaje, y no en días ni meses trabajados, como indica la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
También del PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño señalo que, si bien se busca el cumplimiento de obligaciones laborales, se espera que la reforma genere despidos de los empleados que no puedan ser retenidos por las empresas.
También señaló que el régimen de subcontratación está regulado a nivel global y ello obliga a salvaguardar los derechos de todos los trabajadores, así como garantizar la recaudación fiscal y el reparto de utilidades.
El panista Carlos Alberto Valenzuela también reclamó que la reforma afectará especialmente a las mujeres, de los 4.5 millones de trabajadores que están en el régimen de la subcontratación.
“Se condena al desempleo y a la informalidad a millones de familias mexicanas”, dijo.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Angélica Zamudio, señaló que la reforma no ofrece garantías de empleo a quienes están en dicho esquema, porque no está sustentada en la evidencia ni está apegada a las mejores prácticas internacionales.
Dijo que mientras se elimina la subcontratación se permitirá la contratación por servicios especializados, sin haber atendido ninguna propuesta del Parlamento Abierto.
Al hablar a favor, la diputada Anita Sánchez respondió que la reforma está acordada con el sector empresarial, por lo que se hace justicia a los trabajadores.
“Se termina con la simulación y la evasión fiscal. Las reglas de la figura de la subcontratación fueron violentadas y, en consecuencia, se incumplieron las obligaciones fiscales”, explicó.
