Jaye Sanford, de 52 años y madre de dos hijos, regresaba en auto a su hogar en un suburbio de Atlanta el 21 de noviembre cuando un hombre al volante de un poderoso Dodge Challenger que corría presuntamente en una carrera callejera ilegal, chocó de frente contra su auto y la mató.
A Sanford —recordada por sus amistades como una persona amble y solidaria— también la recordarán ahora por otro motivo: una ley estatal que sanciona con penas de cárcel los “arrancones” o “picadas” (“drag racing” en inglés).
En ciudades de todo Estados Unidos ha aumentado bruscamente la popularidad de las carreras ilegales desde el inicio de la pandemia, de Georgia y Nueva York a Nuevo México y Oregon.
Los corredores bloquean caminos e incluso autopistas para impedir el arribo de la policía mientras corren y hacen acrobacias en sus autos, frecuentemente captadas en videos que se vuelven virales. Hordas de vehículos, desde autos decrépitos con motores trucados hasta autos deportivos de lujo, rugen por calles urbanas, a través de barrios industriales y por caminos rurales.
Los expertos dicen que los programas de TV y las películas que exaltan las carreras callejeras alimentan el interés en estas competencias desde hace años.
Entonces llegó la pandemia con las consiguientes cuarentenas y las vías habitualmente atestadas quedaron desiertas cuando la gente empezó a trabajar desde sus casas.
Los que sienten pasión por los autos veloces tenían tiempo para modificarlos y exhibirlos, dijo Tami Eggleston, especialista en psicología deportiva que participa en carreras legales.
“Con el COVID, cuando quedamos separados de la gente, me parece que la gente empezó a formar grupos unidos por intereses comunes”, dijo Eggleston, directora de una pequeña universidad en las afueras de San Luis. “La necesidad de tener una vida social y estar con otros hizo salir a los corredores”.
Pero ha habido muertes. El rugido de los motores y los embotellamientos de tráfico se han convertido en grandes molestias. Se ha denunciado la presencia de corredores armados o que dejan latas de cerveza tiradas en estacionamientos.
La policía de muchas ciudades está acentuando la represión y los estados responden con leyes.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, sancionó la semana pasada la ley que lleva el nombre de Sanford, que pena con al menos 10 días de cárcel cualquier infracción e incauta el vehículo de cualquier persona con tres condenas en menos de cinco años.
En la ciudad de Nueva York, las autoridades recibieron más de 1.000 quejas en los últimos seis meses, casi cinco veces más que en el mismo período de 2019.
El senador estatal demócrata Brad Hoylman auspicia un proyecto que autoriza a la ciudad a operar sus cámaras durante las noches y fines de semana en los lugares donde se realizan arrancones.
En Mississippi, el gobernador Tate Reeves sancionó en marzo una ley que permite a la policía estatal intervenir en incidentes en las ciudades. La víspera de Año Nuevo, los corredores bloquearon una autopista en Jackson, la capital, durante una hora mientras hacían trompos en el pavimento.
Aunque el cuartel de la patrulla de caminos se encuentra cerca, los agentes no pudieron intervenir porque la ley les prohibía hacerlo en ciudades de más de 15.000 habitantes. La nueva ley, que entra en vigor el 1 de julio, elimina esa prohibición.
