Los ecos de una sangrienta balacera que se registró la víspera en una favela de Río de Janeiro seguían escuchándose el viernes, ya que las autoridades afirmaban que la operación policial eliminó a dos docenas de delincuentes, mientras que vecinos y activistas denunciaron violaciones a los derechos humanos, y un juez del Supremo Tribunal Federal insinuó que habrá una investigación.
Poco después del amanecer del jueves, docenas de agentes de la policía civil del estado de Río de Janeiro irrumpieron en Jacarezinho, una favela ubicada en la zona norte de la ciudad. Buscaban a narcotraficantes de una de las organizaciones criminales más conocidas del país, Comando Vermelho, y los cuerpos se apilaron rápidamente.
Cuando cesaron los enfrentamientos había 28 muertos: un agente policial y 27 personas a las que las autoridades describieron como “criminales”. Un día después de la redada, la policía de Río de Janeiro había identificado al agente policial de 48 años que falleció, pero no a las otras personas muertas en el operativo.
El apodo de “Ciudad Maravillosa” de Río de Janeiro puede parecer a menudo una cruel ironía en las favelas, dada su extrema pobreza, crímenes violentos y el control que ejercen narcotraficantes o milicias. Pero incluso aquí, los enfrentamientos del jueves fueron una anomalía que los analistas calificaron como una de las operaciones policiales más letales en la historia de la ciudad.
Y fue por mucho la más violenta desde que un fallo del Supremo Tribunal Federal prohibió la mayoría de esas acciones durante la pandemia, lo que generó un reproche de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El juez Luiz Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, envió el viernes una carta a fiscales federales y locales en la que les expresa su preocupación por una posible “ejecución arbitraria” en el caso, basándose en un video que había visto. “Solicito se me mantenga informado sobre las medidas tomadas y las responsabilidades de los involucrados”, señaló.
La sangrienta operación también dejó al descubierto la eterna división en Brasil sobre si, como reza un dicho popular local, “un buen criminal es un criminal muerto”. El enfoque sobre la seguridad pública impulsó en 2018 la exitosa campaña presidencial de Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército cuya casa está en la ciudad. Tuvo el apoyo de gran parte de la sociedad con sus llamados a reducir las trabas legales para que los agentes policiales pudieran usar fuerza letal contra delincuentes.
El gobierno de Cláudio Castro, gobernador del estado de Río de Janeiro y aliado de Bolsonaro, indicó en un comunicado enviado por correo electrónico que lamentaba los decesos, pero que el operativo estuvo “orientado por un largo y detallado trabajo de investigación e inteligencia que se llevó meses”.
La incursión tenía como fin erradicar el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas, explicó la policía en un comunicado, en el que también citó la “estructura tipo militar” del Comando Vermelho, “con soldados equipados con fusiles, granadas, chalecos antibalas”.
En las imágenes de televisión fue posible ver un helicóptero policial volando bajo sobre la favela mientras hombres armados con fusiles de alto calibre saltaban de tejado en tejado para huir de las autoridades.
Otros no pudieron escapar.
Una residente contó a The Associated Press que un hombre irrumpió en su vivienda alrededor de las 8 de la mañana, sangrando por una herida de bala. Se ocultó en la habitación de su hija, pero la policía entró corriendo detrás de él.
Ella y su familia vieron cómo los agentes policiales le dispararon al hombre desarmado, afirmó.
Horas después, su sangre seguía encharcando las baldosas del piso y empapaba una frazada decorada con corazones.
Manifestantes se reunieron el viernes frente a un cuartel de la policía cerca de Jacarezinho para denunciar la violencia, y sostenían una manta que rezaba: “¡Dejen de matarnos!”
Felipe Curi, un detective de la policía civil de Río de Janeiro, negó que se hubiesen realizado ejecuciones.
“No se mató a ningún sospechoso. Todos eran traficantes o criminales que trataron de quitarle la vida a nuestros agentes y no hubo otra alternativa”, afirmó en una conferencia de prensa.
Según Curi, algunos sospechosos trataron de refugiarse en casas de vecinos, y seis fueron arrestados. La policía confiscó 16 pistolas, seis fusiles, una ametralladora, 12 granadas y una escopeta, agregó.
Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y concejal de la ciudad muy activo en las redes sociales, respaldó a la policía. Expresó sus condolencias a la familia del agente policial fallecido a través de Twitter y evitó mencionar a las otras 27 víctimas mortales o a sus parientes.
Jair Bolsonaro no se refirió al incidente en su transmisión semanal en vivo de los jueves a través de Facebook. Su vicepresidente, Hamilton Mourão, le dijo a la prensa local el viernes en la capital Brasilia que es desafortunado que “verdaderas narcoguerrillas” controlen ciertas áreas de Río.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, rival político de Bolsonaro, apuntó que cualquier operativo que deje dos docenas de muertos no se puede calificar como de seguridad pública.
“Esa es la ausencia de un gobierno que ofrezca educación y empleo, la causa de una gran cantidad de violencia“, señaló Lula, quien presumiblemente se postulará el año próximo para intentar impedir que Bolsonaro sea reelegido.
Las filiales brasileñas de los grupos defensores de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron a la fiscalía que investigue a fondo la operación.
“Incluso si las víctimas eran sospechosas de asociación delictuosa, lo que no se ha demostrado, las ejecuciones sumarias de este tipo son totalmente injustificables”, dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil.
La fiscalía del estado de Río de Janeiro señaló en un comunicado enviado al diario Folha de S.Paulo que investigará las acusaciones de violencia, agregando que el caso requiere una pesquisa que sea independiente de la policía.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió el año pasado todas las operaciones policiales en las favelas de Río durante la pandemia, salvo en casos “absolutamente excepcionales”.
Ese fallo fue emitido después de que la policía baleó de muerte a un joven de 14 años en una casa donde no había indicios de actividad delictiva. La muerte desató manifestaciones de una versión brasileña del movimiento Black Lives Matter en toda el área metropolitana de la ciudad durante semanas.
Rupert Colville, portavoz del ACNUDH, les dijo a reporteros el viernes que era “especialmente perturbador” que la redada haya ocurrido mientras el fallo del máximo tribunal aún está vigente.
El fallo derivó en una disminución de los operativos policiales a mediados del año pasado, como refleja la caída en el número de tiroteos reportados por Crossfire, una organización no gubernamental que monitorea la violencia, y en cifras oficiales estatales sobre muertes resultantes de intervenciones policiales. Pero ambos indicadores han recuperado los niveles previos a la pandemia.
La policía de Río mató en promedio a más de cinco personas al día durante el primer trimestre de 2021, el inicio de año más letal desde que el gobierno estatal empezó a divulgar regularmente ese tipo de información hace más de dos décadas, señaló el Observatorio de Seguridad Pública de la Universidad Candido Mendes.
“Le recordamos a las autoridades brasileñas que el uso de la fuerza debería ser aplicado sólo cuando sea estrictamente necesario, y que siempre deberían respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad”, dijo Colville en Ginebra. “La fuerza letal debería ser usada como último recurso”.
