El gobierno de Joe Biden retiene a decenas de miles de migrantes menores de edad que piden asilo en una oscura red de unas 200 instalaciones que abarca dos docenas de estados e incluye cinco albergues con más de 1.000 niños amontonados en espacios reducidos, según comprobó The Associated Press.
Información confidencial conseguida por la AP indica que la cantidad de menores migrantes bajo custodia del gobierno se incrementó en más del doble en los dos últimos meses y que esta semana el gobierno alojaba a unos 21.000 menores, desde pequeños de uno o dos años hasta adolescentes. En una instalación del ejército de Fort Bliss, en El Paso, Texas, había más de 4.500 menores el lunes.
Abogados, activistas y expertos en salud mental dicen que algunos albergues son seguros y ofrecen atención adecuada, pero que otros comprometen la salud y la seguridad de los niños.
“Es casi como ´El día de la marmota´, declaró la abogada del Southern Poverty Law Center Luz López, aludiendo a una película de 1993 en la que los eventos parecen estar repitiéndose continuamente. “Estamos de nuevo casi donde empezamos y el gobierno usa dinero de los contribuyentes para construir grandes albergues… para niños en lugar de usar ese dinero para buscar formas de reunir más rápidamente a los chicos con sus patrocinadores”.
Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH), Mark Weber, dijo que el personal de esa dependencia y los contratistas se esfuerzan por velar por la seguridad y la salud de los menores.
Algunas de las prácticas actuales son las mismas que Biden y otros criticaron bajo el gobierno de Donald Trump, incluyendo el que no se investigase a fondo, con toma de huellas digitales por parte del FBI, al personal que sirve a los niños. Al mismo tiempo, documentos legales indican que el gobierno trata de resolver varias demandas multimillonarias, según las cuales los migrantes menores de edad fueron víctimas de abusos bajo el gobierno de Trump.
Parte del plan del gobierno para lidiar con miles de menores que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos involucra una docena de instalaciones de emergencia en bases militares, estadios y centros de convenciones que no tienen licencia para atender menores de edad y no requieren ni están sujetos a la supervisión legal tradicional.
En las instalaciones, llamadas Sitios de Alojamiento de Emergencia, los niños no tienen garantizado acceso a una educación, oportunidades recreativas ni asesoría legal.
En un reciente comunicado, el gobierno destacó la “restauración de una política enfocada en los menores no acompañados” y ha estado difundiendo diariamente cifras de menores bajo custodia del gobierno y unas pocas fotos de las instalaciones donde son alojados. Esto representa un nivel de transparencia más alto que el del gobierno de Trump. Los niños pasan hoy un promedio de un mes bajo custodia del gobierno, comparado con los cuatro meses del otoño pasado (en el hemisferio norte, cuarto trimestre del año), según el DSSH.
Sin embargo, esa dependencia recibió denuncias de abusos que motivaron el despido de un puñado de contratistas este año, de acuerdo con un funcionario que no estaba autorizado a hablar del tema en público y pidió no ser identificado.
Algunos abogados dicen que a veces los padres no pueden determinar dónde están sus hijos.
José, quien se fue de El Salvador después de que su pueblo fue escenario de una matanza, pidió asilo en Estados Unidos hace cuatro años. Esperaba reunirse con su esposa e hija en el sur de California este año, pero ambas fueron expulsadas tras cruzar la frontera en marzo y enviadas de regreso a México. La pequeña volvió a cruzar sola y fue alojada en un albergue en Brownsville, Texas, el 6 de abril. José llamó varias veces a la línea especial del gobierno que atiende preguntas sobre migrantes menores de edad, pero nadie supo decirle dónde estaba la niña.
“Estaba muy molesto porque seguía llamando y nadie me daba información acerca de dónde estaba ella”, expresó José, quien pidió ser identificado solo por su nombre de pila por temor a complicar su situación inmigratoria. “Finalmente me dijeron que tenía que pagar 1.300 dólares para cubrir el costo de un pasaje aéreo y que si no pagaba, hubiera tenido que esperar otro mes. Eso me puso muy nervioso”.
Su hija estuvo retenida en la instalación de Brownsville casi tres semanas antes de ser entregada a su padre a fines de abril, luego de que una agrupación de activistas intervino y consiguió que el gobierno se hiciese cargo del pasaje aéreo.
El DSSH declinó decir si hay normas que rijan la atención de los menores alojados en los sitios de emergencia o si esos centros son supervisados. El gobierno de Biden da un acceso muy limitado a los medios de prensa cuando los menores son llevados a esas instalaciones, atribuyendo esa actitud a la pandemia del coronavirus y a cuestiones de privacidad.
“El DSSH se ha manejado con la mayor celeridad posible para aumentar la capacidad y garantizar que los potenciales patrocinadores pueden ofrecer un hogar seguro mientras el menor sobrelleva el proceso inmigratorio”, expresó Weber, el portavoz de esa dependencia, en un comunicado. “Apenas hay nuevos servicios disponibles –atención médica en el lugar, incluidas inmunizaciones y exámenes físicos, encargados de los casos, llamadas telefónicas a familiares, educación, recreación, etc.– como consecuencia de la infraestructura y el personal adicional, son puestos a disposición” de los menores.
Weber confirmó las cifras de menores bajo custodia del gobierno que había conseguido la AP.
Un tema que preocupa a los activistas son los albergues que alojan a muchos menores, con cientos de camas. Estas instalaciones pueden hacer que los chicos se sientan aislados, sin supervisión y sin servicios básicos. La AP comprobó que la mitad de los migrantes menores detenidos duermen en albergues con más de 1.000 niños. Más de 17.650 se encuentran en instalaciones con 100 o más menores. Algunos albergues y programas de hogares de acogida son pequeños y consisten en una casa con un puñado de niños. Una instalación grande de Houston fue cerrada abruptamente el mes pasado después de revelarse que los niños no tenían acceso a baños y hacían sus necesidades en bolsas de plástico.
“El sistema es muy disfuncional y está empeorando”, sostuvo Amy Cohen, psiquiatra de menores y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Every. Last. One., que asiste a familias de migrantes que le huyen a la violencia de América Central. Si bien han venido migrantes menores de edad por años, Cohen dice que nunca vio una situación tan mala como la actual.
Señaló que hay padres que reciben llamadas de personas que no se identifican y que les dicen que deben presentarse en un aeropuerto o una terminal de autobuses en las próximas dos horas para recibir a sus hijos, que fueron retenidos por más de un mes sin dar noticias de su paradero, porque de lo contrario no serán liberados. A algunos, agregó, se les dice que deben pagar miles de dólares a agencias de viaje para que sus hijos puedan viajar.
“Los chicos vienen enfermos, con COVID, con piojos. No me sorprendería ver niños que mueren como consecuencia de esto, como vimos durante los años de Trump”, manifestó Cohen. “El gobierno de Biden está abriendo fervorosamente estos centros de detención improvisados, muchos de los cuales no tienen experiencia en el manejo de menores“.
Una razón por la que están llegando tantos niños sin sus padres es el decreto de emergencia del gobierno de Trump del año pasado por el que básicamente se cerró la frontera con México a los migrantes debido al COVID-19.
Esa medida sigue en vigor para los adultos, pero el gobierno de Biden está permitiendo el ingreso de menores no acompañados que piden asilo. Muchos padres deciden enviar a sus hijos solos para que crucen la frontera.
La mayoría tienen uno de sus padres u otro pariente adulto, o amigo de la familia, conocidos como patrocinadores, dispuestos a recibirlos. Pero primero permanecen bajo custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, para luego ser enviados a albergues del gobierno.
“Mantener menores durante días bajo custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza es tan inaceptable como hacer que pasen semanas en Sitios de Alojamiento de Emergencia que no tienen licencia”, afirmó el abogado del Centro Nacional para las Leyes Juveniles (National Center for Youth Law) Neha Desai. “Con cada día que pasa, se hace más imperioso que estos niños sean entregados a patrocinadores o transferidos a sitios con licencias”.
A lo largo del 2019, el gobierno federal tuvo casi 70.000 menores en una red de albergues contratados, centros de detención masiva y hogares de acogida. Se espera que esa cifra sea más alta todavía este año.
Algunas instalaciones que albergan menores en la actualidad son manejadas por contratistas que han sido demandados por abusos físicos y sexuales de menores en sus instalaciones bajo el gobierno de Trump. Otras son empresas nuevas sin experiencia en el manejo de migrantes menores de edad. En total, las instalaciones de emergencia pueden alojar a casi 18.000 menores.
“Hay muchos interrogantes acerca de si hay normas que rijan los albergues, de quién se asegura de que son cumplidas y sobre la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó Jennifer Podkul, vicepresidenta de Kids in Need of Defense (Niños que Necesitan una Defensa), que representa a menores en tribunales de inmigración.
El Asylum Seeker Advocacy Project (Proyecto de Defensa de Quienes Buscan Asilo) es una de varias organizaciones que demandaron al gobierno federal y que piden millones de dólares en daños para padres que dicen que sus hijos fueron maltratados bajo custodia del gobierno, después de ser separados de sus padres en la frontera bajo el gobierno de Trump. Algunas familias dicen que sus hijos sufrieron abusos físicos y sexuales bajo custodia del gobierno, tanto en albergues privados como en casas de acogida.
“Si esos niños pudieran venir con sus padres, podrían ser entregados a los padres y no quedar bajo custodia del gobierno”, manifestó Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project. “Este gobierno debería suspender las políticas actuales para que las familias puedan pedir asilo juntas”.
El Departamento de Justicia defiende al gobierno en estas demandas, que fueron presentadas en el 2019, bajo el gobierno de Trump. Pero la respuesta federal ha variado desde la llegada de Biden. Algunos casos siguen siendo dilucidados en los tribunales, mientras que en otros se buscan arreglos extrajudiciales.
En un caso reciente, abogados del gobierno admitieron que estas políticas causaron daños a los menores.
“El presidente Biden ha condenado la tragedia humana ocurrida cuando nuestras leyes de inmigración fueron usadas para separar intencionalmente a los menores de sus padres o de sus custodios legales… incluso a través del uso de ´políticas de tolerancia cero´ durante el gobierno de Trump”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en una presentación escrita.
El juez del caso aceptó un pedido conjunto y dejó en suspenso el caso “para que las partes exploren un acuerdo extrajudicial”.
“Queremos asegurarnos de que hay una supervisión y transparencia adecuadas de estas nuevas estructuras y de que los niños pueden salir” de allí, expreso Podkul, cuya organización informa a los menores acerca de sus derechos en los albergues de emergencia. “Si los chicos son retenidos más de 48 horas, deben saber lo que les puede esperar”.
En cuanto a la niña de ocho años, su padre, José, dijo que se está adaptando bien a la vida en Los Ángeles, disfruta jugar con su hermano mayor y, poco a poco, se va soltando.
“Me pregunta todo el tiempo por su madre y le digo que no se preocupe, que está en México y está bien”, declaró. “Espero que pronto me pueda contar lo que vivió allí adentro”.
